Según explican varias fuentes del consorcio consultadas por El Economista, el Gobierno de Arabia Saudí, consciente de la demora en las obras del consorcio Al-Rajhi Alliance (formado por dos empresas locales y por China Railway), incluyó una condición en el contrato para que desde el mes 52 hasta el mes 70 de la licitación España no pueda ser compensada económicamente en el caso de que las obras de la primera fase se retrasen.
Ello supone que contando que la entrada en vigor del contrato (denominada técnicamente Notice to Proceed) se firmó el 15 de septiembre de 2012, desde enero de 2017 hasta julio de 2018 el consorcio español tendría que hacer frente por su cuenta a los costes de continuar con los equipos materiales en Arabia Saudí y también con los equipos humanos (como es el caso del gran número de expatriados) que ya están llevando al país las diferentes empresas del consorcio español.
Esta falta de compensación económica sólo se produciría por este escenario. Por supuesto, en el caso de que se cambiara lo pactado en el contrato en otras cuestiones como el trazado o el ritmo de las obras, España sí que podría renegociar todos esos términos para que el contrato le sea rentable económicamente y ahí el Gobierno saudí no pondría ningún problema.
Por ejemplo, si Arabia Saudí ante el retraso de la Fase 1 quiere acelerar el ritmo de las obras superando las condiciones pactadas con España, lo tendría que pagar aparte de los 6.700 millones que tiene que desembolsar al consorcio, ya que los costes de incrementar la productividad -poner más turnos, etc.- son notablamente más caros.
