Con más retraso del inicialmente previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado el último trámite necesario para que el Gobierno central pueda firmar los convenios bilaterales con las comunidades autónomas y poner así en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, según confirmaron a CincoDías fuentes oficiales.
Una vez recibida esta autorización, Fomento espera cerrar en el menor plazo posible esos acuerdos con las autonomías, que son las que tienen transferidas las competencias de vivienda. “En esta ocasión ha sido más complicado que otras veces porque había que cerrar planes anteriores, cuyas ayudas ya no tendrán continuidad en este nuevo. Hay que recordar que desaparece la promoción de VPO en régimen de propiedad”, explican desde el departamento que dirige Ana Pastor.
Así, el nuevo plan prevé movilizar en los próximos dos años y medio un total de 2.311 millones de euros en ayudas directas y el pago de la subsidiación de intereses de los préstamos hipotecarios subvencionados que aún están en vigor. A esa cantidad, habrá que sumarle los 216 millones adicionales que algunas comunidades autónomas se han comprometido a aportar, “por lo que en el reparto de fondos, también verán incrementada su cuota inicial”, subrayan desde el Ejecutivo.
Las mismas fuentes explican que el plan generará una inversión privada inducida de otros 1.200 millones y creará más de 30.000 empleos directos y hasta 105.000 indirectos. Desterrada la vivienda social en régimen de compra, los dos pilares del programa serán la rehabilitación y el alquiler.
Con un amplio excedente todavía de casas por vender, la estrategia no podía seguir siendo edificar más. Por eso, la rehabilitación se convierte en la estrella. Habrá ayudas directas para fomentar las obras de renovación de viviendas y edificios y una financiación bancaria especialmente diseñada para estos proyectos, gracias al compromiso adquirido por las entidades después de meses de negociación con el Ejecutivo y las constructoras. Será uno de los sectores donde cobrará especial importancia la colaboración público-privada.
En este sentido, el Ejecutivo trabaja en paralelo en el diseño de la denominada Estrategia de futuro para la Rehabilitación y la Eficiencia Energética. Se trata de otro plan de actuaciones cuyo objetivo es movilizar inversiones para la renovación del parque de edificios residenciales, tanto públicos como privados.
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